Las oficinas de la Asociación de Olimpiadas Especiales y una Clínica privada llamada San Francisco fueron allanadas este miércoles por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, por supuestas irregularidades en la administración de fondos girados por el Icoder según la causa 17-000615-1220-PE.
La Nación había informado desde agosto del 2016 que el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación encontró una serie de irregularidades en informes elaborados por su departamento de finanzas y contabilidad.
“La Asociación Olimpiadas Especiales de Costa Rica utilizó, en el 2014, parte de los fondos girados por el Fodesaf (Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares) para contratar servicios brindados por empresas de los propios directivos o familiares del presidente Carlos Valverde, sin cumplir con el procedimiento establecido, según el Icoder. Adicionalmente, en la liquidación de ese año quedan una serie de nebulosas, como el reporte de gastos por más de ¢300 millones sin facturas de respaldo, no reflejados en los estados de cuenta o en las conciliaciones bancarias”, se informó en aquel momento.
“Hay un aparente uso incorrecto de una parte de los ¢987,8 millones que le correspondió por ley a esta asociación privada, a la que se le otorga cada año el 0,20% de los presupuestos ordinarios y extraordinarios del Fodesaf”, se agregó.
Este jueves, el Ministerio Público en la comunicación a los medios comunicación enfatizó que se investigan tres posibles delitos: peculado, malversación de fondos e incumplimiento de deberes.
Pero, ¿cuál es la conexión entre la clínica San Francisco y Olimpiadas Especiales?
Este diario lo detalló de la siguiente forma: ‘Sobre el pago a empresas familiares con fondos públicos, la liquidación de Olimpiadas –a la que tuvo acceso La Nación– detalla que se destinaron casi ¢50 millones para la contratación de la Clínica San Francisco, que brinda servicios de odontología, medicina y optometría, entre otros, y cuya representante legal es la esposa del jerarca de la Asociación, Patricia Gómez’.
Respecto a esto la Fiscalía agregó: ‘el allanamiento en el centro médico se ejecutó a raíz de que, por Ley, se le gira una partida a dicha Asociación para gastos en tema de salud de los atletas y, al parecer, la Clínica no participa en licitaciones, como se establece en este tipo de procesos’.
La investigación continúa en proceso y esta recolección de documentos es parte de la misma.
¿Qué dijo Olimpiadas Especiales en 2016?
Sobre la rendición de cuentas a la que debe estar sujeta la asociación, el gerente de Olimpiadas Especiales, Carlos Arce, aseguró que consultaron a la Controlaría, el 6 de julio del 2011. La respuesta recibida –asegura– les dio la razón.
“No nos hemos robado absolutamente nada y aquí están los documentos. Se lo puedo asegurar. Ellos (Icoder) no han querido entender que la aplicación de las normas de contratación administrativa no se aplica para nosotros”, insistió Arce.
La esposa del jerarca, Patricia Gómez, defendió la contratación de la Clínica San Francisco, argumentando que deben acatar las disposiciones internacionales de la Asociación Olimpiadas Especiales; aseguró que son pocos los centros de salud de Costa Rica que cumplen con las capacitaciones que tienen los médicos de su clínica para atender a los deportistas de esta población.
