Desde su nacimiento, Ariel Quassi debió luchar contra las adversidades. Una atrofia medular congénita le afectó los miembros inferiores y después de mucho trabajo, recién a los cuatro años pudo dar sus primeros pasos con muletas. Hoy, a sus 34 años, con una carrera deportiva llena de logros y una intensa vida social, vuelve a sentirse discriminado por una empresa propiedad de la familia presidencial.
Quassi lleva una vida normal con múltiples actividades diarias, que se reparten principalmente entre los entrenamientos de natación en el club Independiente y las clases de publicidad que dicta en la UADE. Se traslada en su vehículo personal pero tiene un inconveniente con su silla de ruedas, ya que debe desarmarla para guardarla en el auto y eso le genera una incomodidad.
Por ese motivo, tomó la decisión de comprar una camioneta que le facilite el traslado de la silla. Para eso acudió a la empresa Chery Socma Argentina S.A., amparándose en la Ley 19279, que simplifica la adquisición de automotores de origen extranjero para los discapacitados y los exime del pago de derecho de importación (entre otros beneficios), con el fin de darle una ayuda a quienes más lo necesitan.
Pero en contra de la ley, nada fue fácil a partir de febrero de 2015, cuando Quassi inició los extensos trámites para la importación de la camioneta Chery Tiggo automática y que hasta el día de hoy no le fue entregada. “Yo hago todo esto porque no quiero que le pase a nadie a más, no sólo por mi. Juegan con la desesperación de la gente”, lamenta el atleta que lleva 18 años representando a la selección argentina paralímpica.
“Yo sabía que la camioneta la habían embarcado los primeros días de abril de 2016 y como mucho tardaba dos meses en llegar. Desde esa fecha hasta el 10 de junio, una vez por semana mandaba un mail o llamaba por teléfono para saber por dónde estaba y nunca me daban una respuesta concreta. Me trataron distinto por tratarse de una compra por discapacidad”, explica Quassi.
“Ellos me dijeron que la camioneta había llegado el 18 de mayo, pero hubo un problema de comunicación. No se hicieron cargo de su equivocación ni me dieron explicaciones y en ese mismo mail me pidieron disculpas y me dijeron que me estaba excediendo del plazo de cobertura que la transacción tenía en Aduana y que yo debía hacerme cargo de esos gastos. Pero la culpa era de ellos porque nunca me avisaron que había llegado la camioneta”, relata el nadador que participó de los Juegos Paralímpicos de Sydney 2000, Atenas 2004, Beijing 2008 y Londres 2012.
A raíz de esa demora, se vencieron los papeles necesarios para mover una importación y hubo que volver a hacerlos, con la pérdida de tiempo que eso implicaba. “Esos cinco meses me quisieron cobrar los gastos de Aduana. ‘Si no pagás eso, no te damos la camioneta’. Ellos me tendrían que resarcir a mí y encima querían que me haga cargo de esos 24 mil pesos. Es una cargada. Sea mucho o poco, a mí no me correspondían esos gastos”.
La odisea de Ariel Quassi continuaría en las distintas instancias legales que tuvo que atravesar junto a su abogado Miguel Ángel Fernández: primero mandó una carta documento para intimar a la empresa a hacer entrega de la camioneta, luego expuso las pruebas recolectadas en una mediación privada, después hizo la denuncia en Defensa del Consumidor de Avellaneda hasta llegar a una demanda por estafa y otra por daños y perjuicios en el INADI, por el atenuante de su discapacidad.
Lo cierto es que la camioneta por la que Quassi pagó 260 mil pesos y hoy le ofrecen como solución entregársela está hace 14 meses estacionada a la intemperie al costado de la Autopista Panamericana. “Yo ahora quiero el modelo actualizado porque compré un cero kilómetro”, reclama.
Quassi sabe que en la Justicia tiene todas las de ganar (o debería tener por la enorme cantidad de pruebas que posee) pero también es consciente de la dificultad que implica enfrentar a una empresa tan cercana al poder de turno.
“En el juzgado donde presentamos la demanda estaban intentando declararse incompetentes. La verdad que si un juez se declara incompetente en un caso como este estamos en el horno. No se trata de un asesinato ni una masacre. Es sencillo esto: pagó, le entregaron o no le entregaron. Esto puede explicar la impunidad con la que se maneja la empresa por pertenecer al Grupo Macri. Supongo que los juzgados no se quieren meter con ellos. Pero alguno con dos dedos de frente tiene que existir. Mi abogado me dijo que la iba a seguir hasta encontrar un juzgado que acepte la causa. Nadie me va a hacer perder el caso, pero si no te lo agarran, indirectamente te lo frenan”, resume Quassi, acostumbrado a pelear contra las adversidades, pero también a vencerlas.
El laureado paralímpico que fue estafado por empresa del presidente argentino
